Mejorar la claridad del lenguaje jurídico y garantizar el derecho a comprender es un asunto que España se ha tomado muy en serio.
El 11 de marzo de 2021 se suscribió un Protocolo general de colaboración para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible para la ciudadanía.
El Protocolo está suscrito por el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Además también participan del Protocolo para el fomento de un lenguaje jurídico comprensible y accesible:
- la Fiscalía General del Estado;
- el Consejo General de la Abogacía Española;
- la Real Academia Española;
- el Consejo General de Procuradores de España;
- la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España;
- el Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España
- y la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España.
El Lenguaje Jurídico tiene que ser comprensible por todos porque a todos se dirigen las normas
En dicho protocolo, las ocho partes firmantes acordaron, como objetivo general, velar por el buen uso del lenguaje jurídico e impulsar la modernización del mismo.
De esa forma se pretende hacerlo comprensible para la ciudadanía, en el entendimiento de que mejorar la claridad del lenguaje jurídico y garantizar el derecho a comprender, en el ámbito de la Administración de Justicia, es también modernizar la Justicia.
Así, este protocolo es un elemento más de Justicia 2030, concreción del Plan de recuperación, transformación y resiliencia para el Servicio Público de Justicia, cuyo objetivo esencial consiste en transformar dicho servicio público para hacerlo más accesible, eficiente y contribuir al esfuerzo común de cohesión y sostenibilidad.
Se prevé la suscripción de un convenio que tendría por objeto concretar actuaciones y compromisos en la materia objeto del protocolo. Para ello se creará una Comisión para la claridad y modernización del lenguaje jurídico, encomendándole la evaluación de los trabajos realizados por la comisión de seguimiento del convenio mencionado.
Para el cumplimiento de hacer el lenguaje jurídico comprensible y accesible por todos el Ministerio de Justicia de España a dictado la Orden JUS/912/2022.
Esa orden tiene por objeto la creación de la Comisión para la Claridad y Modernización del Lenguaje Jurídico, como comisión de trabajo de las previstas en el artículo 22.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando adscrita al Gabinete Técnico de la Subsecretaría.
Objetivo y funciones de la Comisión del Ministerio de Justicia para la accesibilidad del lenguaje jurídico
Con el objetivo de garantizar la calidad y la accesibilidad del lenguaje jurídico en el ámbito de la Administración de Justicia, la Comisión desempeñará funciones de evaluación de los trabajos realizados por la comisión de seguimiento del convenio mencionado en el apartado segundo del Protocolo general de colaboración, de 11 de marzo de 2021, para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible para la ciudadanía, suscrito por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Real Academia Española, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo General de Graduados Sociales y la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España.
Asimismo, podrá llevar a cabo funciones de asesoramiento, para la mejora de la claridad y la modernización del lenguaje jurídico, al Ministerio de Justicia, en el marco de su Proyecto Justicia 2030 y de su producción normativa.
Tomado de la Disposición Segunda de la Orden.
Es una tarea necesaria para que todos entiendan las normas legales
En definitiva, y para acercarnos a lo que se pretende, el objetivo está bien claro y es que todos a quienes afecten las normas las entiendan.
Una de las funciones de los Abogados y de todos los profesionales del Derecho, que no siempre son abogados, es la educativa. No se puede educar si lo que dice no se entiende.
Aquello de que el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento no puede ser efectivo si el contenido de las leyes no se entiende.
En algún que otro repaso a estudiantes de Derecho y en asesorías siempre he tratado de hablar en un lenguaje accesible y comprensible.
Con el periodista pasa lo mismo, si no escribe y se comunica en un lenguaje claro para la gran mayoría desconocedora de muchas cosas, esos escritos no serán ni accesibles y mucho comprensibles.
La accesibilidad viene dada por el grado en que las mayorías pueden llegar a leer todo un texto con los conocimientos básicos promedios de la población.
La comprensión, como ya pueden deducir, es el lógico resultado de la accesibilidad de la comunicación que debe ser clara para su entendimiento.
Los emisores de la comunicación, en este caso los profesionales del Derecho, tienen que usar el medio, sea escrito o hablado, de forma clara para que el receptor tenga acceso y comprenda lo que se necesita.
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